Salamanca fue presentada como epicentro de una nueva era agroindustrial. El CEO de AMMI, Aldo Micheletti, vendió su proyecto Millfoods como modelo de nearshoring e impulso regional. Sin embargo, detrás del discurso de innovación hay una realidad incómoda: deudas, omisiones y litigios laborales.

La planta de Millfoods funciona. Pero al menos cinco millones de pesos siguen pendientes con trabajadores y otros millones mas a proveedores clave. Muchos de ellos arrastran más de un año de espera sin respuesta. El modelo de desarrollo que se presume como ejemplo, hoy exhibe una práctica preocupante: enriquecerse sin pagar la base que lo sostiene.

Ante la negativa de la empresa a conciliar, los afectados iniciaron un proceso legal ante el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, marcando un punto de inflexión en un conflicto que desnuda no solo a una empresa, sino a un modelo económico que permite el despojo disfrazado de inversión.

Lo más grave no es solo la deuda. Es la estrategia de engaño: Millfoods utilizó el nombre y la reputación de Grupo Modelo para posicionarse como una apuesta confiable. Comunicados conjuntos, actos públicos y fotografías institucionales presentaron a Modelo como aval moral del proyecto. Hoy, esta empresa aparece como corresponsable en las demandas laborales, y su prestigio corre el riesgo de ser arrastrado junto con el de su socio.

Alejandro Lara, director financiero de Estructuras Metálicas de Puebla, una de las empresas proveedoras afectadas, confirma que los incumplimientos de Millfoods generaron un daño patrimonial directo: “El conflicto nos ha dejado sin flujo. Llevamos más de un año esperando un pago por una obra ya entregada y funcional”, denuncia. El Sindicato 5 de Febrero de Industria de Transportistas Materialistas y Conexos del Estado de Guanajuato   también es otro afectado, unos 500 de sus trabajadores afiliados también esperan sus pagos desde ha ya mas de un año, segun confirma su secretario General Antonio Martínez.

El caso de Millfoods no solo debería preocupar a jueces y abogados, sino a las instituciones que, con entusiasmo y sin filtros, impulsaron públicamente el proyecto. ¿Dónde están hoy los funcionarios que aparecieron en las inauguraciones? ¿Quién responde por el uso político de una inversión que hoy opera como maquinaria de impunidad?

Aldo Micheletti se ha presentado como visionario del agroexportador. Pero sus acciones revelan otra cara: la de un capital trasnacional que exige beneficios públicos y esquiva las obligaciones más básicas, como el pago de salarios. Bajo su mando, Millfoods se convirtió en símbolo de una peligrosa lógica empresarial: la que considera que en México se puede operar sin pagar, prometer sin cumplir y marcharse sin consecuencias.

Este juicio es mucho más que una disputa legal, es una demanda moral y política contra un sistema que normaliza el abuso laboral en nombre de la inversión extranjera. La justicia laboral no puede seguir siendo postergada o selectiva. Porque cuando un trabajador mexicano no cobra y las instituciones callan, no solo fracasa un proyecto: fracasa el Estado de derecho.