La Fiscalía General de Cuba acusó el viernes al exministro de Economía Alejandro Gil y a personas no identificadas de delitos que van desde el espionaje hasta el soborno, en uno de los mayores escándalos de corrupción revelados públicamente en décadas.

Destituido por el presidente Miguel Díaz-Canel en febrero de 2024, no se ha vuelto a saber nada de Gil. La intriga sacudió a las más altas esferas del gobernante Partido Comunista en Cuba y su política, normalmente hermética.

El viernes, la Fiscalía General de Cuba publicó una larga lista de cargos que, según dijo, eran el resultado de una investigación de casi dos años.

«Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho…», dijo la Fiscalía General en un breve comunicado.

Otros cargos enumerados fueron falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

La Fiscalía General no dijo cuántos más estaban acusados, ni los identificó, ni dio una fecha para el juicio, ni más detalles sobre los cargos.

El código penal cubano castiga el espionaje con penas que van desde los 10 años de cárcel hasta la muerte.

Reuters no pudo ponerse en contacto con Gil ni con su abogado en busca de comentarios.

Gil, otrora hombre de confianza de Díaz-Canel, encabezó una importante reforma monetaria en Cuba en 2021 considerada en gran medida desastrosa para la economía.

En el momento de su destitución, las declaraciones oficiales sólo dijeron que el ex ministro de Economía había sido acusado de cometer «graves errores».

Gil también había defendido un impopular plan para subir los precios de muchos servicios subvencionados por el gobierno, desde la gasolina a la electricidad, lo que aumentó las tensiones en la calle.

Gil no ha respondido públicamente a ninguna de las acusaciones que pesan sobre él.

El caso es uno de los escándalos de corrupción de más alto perfil que han sacudido la política cubana desde 1989, cuando el general Arnaldo Ochoa, héroe de la Revolución de 1959 de Fidel Castro, fue juzgado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento por contrabando de drogas.

En su comunicado del viernes, la Fiscalía General afirmó que los acusados serían sometidos a un debido proceso con arreglo a la legislación cubana.